Comunicado
de Prensa 009/2006
Martes 25 de abril de 2006
PREVÉ LA FEPADE COMPETIDO PROCESO ELECTORAL
La
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) ha apostado por la legalidad, la prevención del delito
y la cultura de la denuncia, por ello está realizando en todo
el país una serie de talleres y conferencias para que los funcionarios
públicos conozcan su responsabilidad y sus límites frente
a los comicios, precisó la titular de la Fepade, María
de los Ángeles Fromow Rangel, al inaugurar el taller Régimen
de responsabilidades de los servidores públicos frente a las
elecciones, que será impartido por la Fiscalía al
personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral del
Distrito Federal (TEDF), del 25 al 28 de abril.
Frente
a un proceso que ya se vislumbra como muy competitivo, la fiscal especial
explicó que la Fepade ha implementado diversos mecanismos para
que la ciudadanía pueda realizar una denuncia que tenga que
ver con delitos electorales, los cuales comprenden desde un teléfono
gratuito, un correo electrónico, hasta una liga en su página
de internet. Dio a conocer que actualmente la Fiscalía está
desarrollando campañas publicitarias por medio de spots en
radio y televisión, para informar a los mexicanos las funciones
que desempeña.
Fromow
Rangel mencionó que la Fiscalía a su cargo tiene el
compromiso, prácticamente desde su creación en 1994,
de poner a disposición de los mexicanos una justicia electoral
pronta y expedita, por lo que hace el compromiso de resolver todos
los casos que se presenten en un plazo máximo de seis meses.
Hoy en día, señaló la funcionaria, más
del 80 por ciento de las denuncias se han solucionado en tres meses
y en el 88 por ciento de los casos se han obtenido sentencias condenatorias
por parte de los tribunales.
Precisó
que la gran mayoría de las denuncias que se presentan ante
la Fepade tienen que ver con actos indebidos de servidores públicos
para inclinar la balanza hacia un candidato o partido en particular
en tiempos electorales, hasta la coacción del voto. En el primero
de los casos, Fromow Rangel mencionó que las penalizaciones
para los funcionarios van de uno a nueve años de prisión,
hasta la inhabilitación en el cargo.
En
su intervención, los magistrados del TEDF, Hermilo Herrejón
Silva y Rodolfo Terrazas Salgado, manifestaron su satisfacción
por colaborar con la Fepade en esos talleres. El magistrado presidente
del Tribunal, Herrejón Silva, aseguró que es un privilegio
participar en este tipo de eventos para que el personal de este Órgano
Jurisdiccional incremente sus conocimientos en materia penal electoral.
Cabe
mencionar que dicho taller se enmarca dentro del proceso de consolidación
democrática del país, en el que se prevé el desarrollo
de procesos electorales altamente comprometidos, de ahí la
importancia de que los servidores públicos de los tres niveles
de gobierno conozcan el marco normativo que regula posibles vínculos
entre los procesos electorales y el ejercicio del poder público.
Durante
su desarrollo, el personal jurídico adscrito a las ponencias
de los magistrados del TEDF y quienes laboran en las áreas
administrativas del Órgano Jurisdiccional recibirán
información sobre los delitos especiales que pueden cometer
los servidores públicos, las hipótesis que los integran
y su diferencia con las faltas administrativas, así como con
el derecho electoral sancionador. Así mismo, se abordarán
los medios y procedimientos para la presentación de una denuncia.
La
Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales
entregará a los funcionarios del Tribunal que asistan a este
taller el Manual Ciudadano de Delitos Electorales Federales y el
folleto denominado El ABC de los Servidores Públicos en Relación
con las Elecciones, en el que se detalla que en tiempos electorales
se incrementa el riesgo de cometer actos fuera de las leyes administrativas
o electorales, lo cual amenaza los programas, acciones o los servicios
gubernamentales cuando se manipulan con fines diferentes a los establecidos
por la legislación, además de que atenta contra el principio
básico de la democracia y, por tanto, contra la legalidad,
la eficacia y la transparencia, tanto electoral como de la gestión
y manejo de los recursos públicos.
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